Excepto en las agendas anti-fujimoristas, casi vacías de contenido afirmativo de las políticas democratizadoras que son objetivo de la lucha común, casi siempre tanto los gremios, las organizaciones políticas y los colectivos, desde el campo popular y de las izquierdas, andan cada cual por su lado, reproduciendo cotidianamente la lógica de la reivindicación/reforma/movida sectorial. Esto como si no existieran problemáticas transversales y por tanto horizontes comunes derivadas de nuestra formación social peruana de todas las sangres/culturas/derechos y mega biodiverso, que son afectadas en su supervivencia y proyección/posibilidades de buen vivir, por la continuidad de una cultura dominante y un Estado que responde a la expansión del capitalismo extractivista/depredador/colonizador y a la continuidad de la cultura conservadora patriarcal y discriminadora de los pueblos indígenas/originarios, en medio de una crisis ecológica global que en la práctica se niega. Seguir reproduciendo la fragmentación nos sigue conduciendo a la derrota del consuelo del “mal menor”, que finalmente termina en el continuismo de lo establecido y de lo desprotegido o peor que retrocede en lo logrado como derechos; es decir, nos seguimos reproduciendo como subalternos. Aquí adjunto un gráfico que esquematiza lo dicho.

Los avances en la emancipación de la opresión, de la explotación, de la depredación han sido y serán obra de la comunidad política programática y de la acción política concordada y organizada de los propios y diversos actores sociales que lo necesitan, demandan, desean, experimentan, dialogan aclarando y respetando consensos y disensos, delineando sus comunes horizontes de transformación y lo disputan construyendo – desde la diversidad social/pluralidad política - comunitariamente el poder político, desde abajo y desde arriba. Y, en consecuencia, en ese proceso, en medio de tensiones y pretensiones, se definen/construyen sus representaciones políticas – agenda programática, estrategia/táctica y representantes comprometidos con lo anterior –, en la perspectiva ética de fortalecer la capacidad/poder del campo democrático popular en la disputa central por el cambio de rumbo transformador de la dirección política cultural/societal y estatal.

Las instituciones/colectivos/personajes denominados como aliados/as por los/las líderes de los actores sociales, somos tratados como las y los ilustrados de izquierdas que somos útiles para su fortalecimiento como autores y actores sociales; pero, que permanentemente vivimos en la tentación (y con frecuencia lo hacemos) de sustituir o de ignorar en los hechos (más allá de los discursos formalmente correctos) sus voces/representaciones en los procesos de decisión y de vocería de las agendas políticas país. Si la autoría y actoría/agencia de los actores sociales es central para la transformación democrática, entonces el proceso de diálogo con ellos debe ser un imperativo como parte incluso de nuestra propia definición de salidas democráticas ante la crisis del país. Así pues, se tornan también en no audibles para la sociedad civil ilustrada. Como lo que sucede actualmente.

“Que se vayan todos” versus “No al golpismo ni el continuismo neoliberal” son las consignas más populares en las calles limeñas y en los paros del interior del país. La primera está contenida en el pronunciamiento de la Coalición Ciudadana; la segunda en el pronunciamiento de la CGTP (semejante posición también ha sido de la Confederación Campesina del Perú-CCP y de la Confederación Nacional Agraria-CNA en los paros agrarios de este año). Otros importantes gremios como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP y la Convención Nacional del Agro-CONVEAGRO han expresado acuerdos y desacuerdos con políticas puntuales del Ejecutivo; pero, no sobre la continuidad del gobierno o la vacancia presidencial. Hasta hoy 04 de agosto, las acusaciones de presunta corrupción que la Fiscalía de la Nación ha realizado contra el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, son hasta ahora presuntas aún no comprobadas ni sentenciadas; aunque parte de su entorno habría delinquido. Tampoco se ha intensificado la crisis agro-alimentaria y la inflación todavía. Es en ese contexto deben ser interpretadas también las posiciones mencionadas.

Hasta ahora el gobierno de Pedro Castillo Terrones goza de la confianza política en promedio por parte de un 19% según las encuestas de opinión; semejante al 19% de votos ciudadanos emitidos válidos en la primera vuelta electoral (algo más de 2.7 millones de votos). Pasó a segunda vuelta, gracias a la dispersión de la derecha en más de 5 organizaciones políticas, asunto que no debemos olvidar; el adelanto de elecciones es también una posición que acaba de anunciar el rancio Mario Vargas Llosa, por un reciclaje derechista neoliberal y discriminador.

Como dicen varios de los principales líderes/as de los gremios, su procedencia, rasgos culturales populares y propaganda masiva radial (maestro, rondero, agricultor) unido a lemas como “no más pobres en un país rico” y las promesas electorales de cambios no comunistas y una nueva constitución, atrajeron a Juntos por el Perú (8% de votos) e inclinaron el voto ciudadano rural/urbano marginal/indígena a su favor. Tengo la impresión, que ese núcleo duro de confianza política que también se ha expresado en demandas al mismo tiempo que respaldo en los paros, consejos descentralizados y agendas de mesas de trabajo con los gremios, responde a la valoración hasta hoy en día que son escuchados/atendibles/audibles por este gobierno de alguien como ellos/as, que es objeto de ataque sistemático y mediático de los grandes poderes económicos y congresales, contra cualquier atisbo de atención a las demandas de los de abajo y desplegando ninguneo al presidente y, a quienes votaron por él (monos, ignorantes, analfabetos, ineptos, burros). Para importantes sectores del campo popular/ciudadano no se trata pues de “pelea de waris/blancos” o lo que es lo mismo “una pelea de los de arriba” sino de una pelea que los involucra, que involucra a los de abajo.

La posición y acción política de la CGTP lo muestra: alianza y lucha con un gobierno de procedencia popular para que cumpla los compromisos electorales/el plan bicentenario y responda con políticas democratizadoras de derechos atendiendo las demandas del pueblo y la clase trabajadora ante las crisis múltiples que los golpean y para evitar que la derecha golpista de los poderes económicos (con sus operadores en el Congreso y la gran prensa) retome el control del Estado.

Gustavo Minaya: “Lo que estamos logrando no son favores, lo logramos a través de las luchas, de las calles, movilizaciones” y las reuniones de trabajo donde han presentado las propuestas de modificaciones. Refiriéndose a los decretos supremos emitidos sobre i- la derogatoria de la suspensión perfecta de labores (despido temporal durante la pandemia), ii-la restricción de la terciarización (del contrato de trabajo a través de terceros sólo a actividades nucleares/esenciales) que vía la aprobación de un dictamen congresal se pretendió derogar (que no era de su competencia), y iii- la actualización del reglamento de la ley de relaciones colectivas-1992 vía modificaciones que la adecúan a los estándares internacionales sobre derechos laborales sindicales, con ello se recupera derechos negados, aplastados desde la constitución y políticas de los noventa”. Aclara que la CGTP y las otras tres centrales han defendido los derechos laborales, el derecho a la libertad sindical y derecho a la huelga.

Plantea que hay que seguir exigiendo a este gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales. Afirma que este primer año, el gobierno no ha ejecutado cambios trascendentales, el mensaje a la nación es un mensaje continuista, pero que no podemos perder de vista que este gobierno ha sido víctima de un ataque feroz por parte de la derecha con un objetivo claro: vacancia y retomar el control de los recursos del estado; si no le resulta por vías administrativas, judiciales, van a recurrir al boicot de la economía, porque tienen el control de la economía, generar crisis con despidos, el poder económico lo tienen. Véase adjunto su Pronunciamiento.

Indagamos la concepción política del gobierno de Pedro Castillo a partir del Mensaje a la Nación de este 27 de julio y las políticas que se han aprobado desde y con las bancadas afines que reúnen a los congresistas elegidos como parte de Perú Libre. Ello con el objetivo de bosquejar lo que se puede esperar de su continuidad. Aquí la caracterización: un gobierno democráticamente precario y sobreviviente, que administra la múltiple crisis y los conflictos sociales, en piloto automático de la salud y la economía, a la vez que favorece derechos laborales exigidas y políticas de alivio social justas.

La versión presidencial de las “políticas a favor del pueblo”:

i- La política a favor del pueblo es una política que favorece derechos laborales de los trabajadores como los propuestos por la CGTP y de los profesores como los propuestos por el gremio magisterial de su confianza política y del Bloque Magisterial del Congreso. Proviene de su práctica sindical.

ii- La política popular y de justicia social es sinónimo de política que favorece a los pobres, restringida a lo reivindicativo laboral y lo provinciano, y a un fuerte componente de alivio social (bonos y medidas amortiguadoras del alza de precios) que es justo reconocer responde a la crisis desencadenada en el contexto de la pandemia covid-19 y las medidas adoptadas, a la que se han sumado la tendencia alcista de precios de combustible y de alimentos dependientes de insumos importados, efectos de la guerra Rusia-Ucrania y la variabilidad climática extrema. Aunque tardío, atendió la demanda de presupuesto/apoyo alimentario para miles de organizaciones de ollas comunes y comedores populares que atienden ambas alrededor de 800 mil personas.

iii- Si bien el agro familiar o pequeña agricultura y la seguridad alimentaria están incorporadas en las prioridades políticas de su gobierno bajo el eje de la denominada Segunda Reforma Agraria, en el marco de su alianza con las personalidades de Juntos por el Perú, en la práctica su implementación ha estado supeditada a la táctica de generarse una base social vía la designación ministerial de personal de su confianza (Arce, Zea) aunque no asegurara coherencia de capacidad y compromiso con lo requerido para ese eje ni mucho menos con el diálogo con los actores agrarios sin distinción.

iv- El concepto de pueblo está referido a la procedencia popular independientemente de su práctica de protección o violación de derechos que atañen al bien común y/o al estado de derecho (vigencia de la ley). En su concepto forman parte de la categoría de pueblo por oposición a los grandes poderes económicos “los ricos”, los sectores informales urbanos, aunque sean transgresores de los derechos ciudadanos a un transporte seguro, así como también la extensión del plazo de la formalización de la minería informal que da trabajo a “los pobres” aunque cometan delitos ambientales y ejerzan violencia. En su concepto de pueblo, prioriza el criterio de accesibilidad de los jóvenes de menos recursos a entidades de educación superior, aunque sea a costa de reducir/afectar la calidad de la educación superior supervisada por la SUNEDU, después de todo proviene de una universidad que aprueba “tesis como cancha”. Todos negocios defendidos por la mayoría congresal.

v- El concepto de política a favor del pueblo incorpora autoritarismo y se basa por una parte en preferencias de actores políticos como el bloque magisterial y de actores sociales conocidos como las rondas campesinas que en su mayor parte en el país y en su experiencia en Cajamarca donde se creó y extendió las rondas campesinas en territorios donde no hay comunidades campesinas; de allí que no se haya observado ni cuestionado la ley de los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural-CAD aprobada por el Congreso que autoriza la tenencia y uso de armas de fuego, su financiamiento privado y público, violando autonomía comunal y derecho de consulta previa de la Ley, con consecuencias de alta peligrosidad pro economías ilegales.

vi- El concepto de pueblo y políticas a favor del pueblo incorpora autoritarismo conservador patriarcal excluyente de la igualdad de derechos de género incluidos negación del derecho a la sexualidad no heterosexual, a la educación con perspectiva de género y educación sexual integral. Lo que proviene de sus creencias conservadoras religiosas. De allí que no observará la Ley aprobada.

vii- El concepto de políticas públicas y gestión estatal es de corto plazo, de carácter pragmático y basado en lealtades políticas y sociales, con más secretismo que transparencia, con más escucha y atención a los sectores populares organizados, sin consideración política prioritaria formal ni práctica de la conservación ecológica, la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas.

GUSTAVO MINAYA, adjunto de la secretaría general de la CGTP:

Textualmente. “¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el campo popular, las organizaciones sociales de base y de todos los aliados que tenemos para hacer frente a este poder corrupto que lo único que quiere es hacerse del control del estado? Necesitamos pues una organización donde prime la gran unidad, o sea una organización no como un cliché con un solo nombre donde todos estamos dentro, sino un frente único de organizaciones y de instituciones que vayamos por una sola ruta, por un solo camino, con un solo discurso, con una sola plataforma y con un solo objetivo; que todavía es tan difícil construir esto porque, lamentablemente, hay sectores que priorizan sus propios discursos, sus propios intereses y no caemos en cuenta que lo que tenemos que hacer es construir poder para el campo popular”